El reino del revés por Hernán Bonilla

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         Desde que tengo memoria escucho que las empresas públicas pertenecen a todos los uruguayos, lo que constituye un motivo de orgullo nacional, como Maracaná, Drexler o Forlán. Pero en esta fábula hay algo que no cierra, veamos que es.

         Lo primero que falla en esa visión simplista de las cosas es el concepto de estado. Si suponemos que éste es el mero representante de la sociedad en su conjunto no estamos viendo que existen distintos actores con distintos objetivos. Los ciudadanos queremos buenos servicios públicos al menor precio posible, los políticos quieren llegar al poder o ser reelectos, los burócratas quieren expandir el gasto público (sus ingresos) al máximo posible. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Los burócratas y los políticos manejan las empresas a su antojo sin que los ciudadanos intervengamos en lo más mínimo, por lo que su funcionamiento es exactamente el opuesto al que debería ser: en vez de que los políticos y los burócratas busquen sus objetivos supeditados a los intereses de los ciudadanos, tenemos un sistema en el que los ciudadanos nos vemos sometidos a los políticos y a los burócratas.

         En este sentido los ejemplos abundan. ¿Recuerdan cuando el año pasado la OSE nos suministro barro en vez de agua? ¿Recuerdan que nos dijeron que el agua era potable? ¿Recuerdan que cuando se regularizó la situación nos contaron que en realidad el agua no había sido potable? En buen romance, nos mintieron descaradamente, y sólo el buen criterio de los ciudadanos que no les creyeron en ningún momento a los responsables de la OSE evitó las consecuencias de tan flagrante irresponsabilidad. Si las cosas funcionaran como corresponde, deberían haber habido varios funcionarios destituidos y otros suspendidos. ¿Qué pasó? Nada, absolutamente nada. A ese grado llega la impunidad de políticos y burócratas y, su contracara, la desprotección de los ciudadanos. En los últimos días, además, Antel dejó incomunicadas a miles de personas y a cientos de empresas, y UTE nos obligó a estar a media luz a todos, sin que se alzaran voces de protesta desde la sociedad civil, que tolera con resignación cristiana tanta ineptitud.

         Pero por lo menos se podría argumentar que las empresas públicas tienen tarifas baratas. Todo lo contrario, tenemos en varios rubros las tarifas más caras del continente. Algún obtuso defensor del estatismo podría decir que al menos los sobreprecios que pagamos por la luz, el teléfono y los combustibles sirven para financiar al estado. Pero este argumento también es totalmente falaz. Lo que las empresas públicas vuelcan al erario es menos de lo que a los uruguayos nos cuesta su ineficiencia (varios cientos de millones de dólares). Además si pagáramos precios razonables los costos para las empresas serían menores, el nivel de actividad crecería, bajaría el desempleo y subirían los salarios. Por lo tanto, los monopolios estatales no se sostienen por el interés de la sociedad, lo que nos conduce a preguntarnos ¿entonces por qué las cosas son así?.

         Y la dolorosa respuesta es que hemos tomado decisiones equivocadas. Cada vez que los sindicatos de las empresas públicas han salido a buscar firmas para perpetuar sus privilegios los ciudadanos se las hemos dado. Cada "conquista" de los burócratas públicos ha sido una puñalada a los intereses de los uruguayos más pobres, los desempleados y los que emigran porque no hay posibilidades en el país. ¡Y cómo va a haber oportunidades en una sociedad estratificada hasta el inmovilismo por los privilegios de una casta que nos consume! Pero no nos engañemos, la culpa es nuestra, los burócratas han llegado hasta donde los hemos dejado. En una sociedad sana cada vez que un grupo de presión quiere obtener prerrogativas los ciudadanos reaccionan, lo que en nuestro país no ha ocurrido. Muy por el contrario, los hemos apoyado, nos han robado con nuestro consentimiento, y mientras no aceptemos la responsabilidad que nuestros actos conllevan, así seguiremos.