EL DEBATE SOBRE EL PAPEL DEL ESTADO QUE LOS URUGUAYOS NOS DEBEMOS, HA QUEDADO ENTRAMPADO SOBRE DILEMAS EXCLUYENTES; LO QUE NO ES ESTATAL ES PRIVADO
Ni trigo ni Amazonas
por Javier García
El editor de la revista Búsqueda, Claudio Paolillo, es de los periodistas que suele escribir sin sopesar la popularidad de sus ideas, ni importarle mucho que la frontalidad de sus opiniones no sea aceptada en algunos círculos. No le importa quedar bien, y además defiende duramente sus convicciones, como debe ser. El jueves con un título sugestivo "Trigo en el Amazonas" criticó severamente la reciente decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar por diez años la aplicación del Imesi al azúcar, instaurado en su momento para sostener un fondo destinado a la reconversión de productores de caña de azúcar de Artigas y Paysandú. Paolillo defiende con vigor sus ideas liberales en lo económico, y su forma de pensar, que no esconde, queda evidente cuando escribe el pasado jueves acerca de la posición del ministro de Ganadería en este tema: "En el Parlamento, ante diputados amantes del proteccionismo, las "prótesis" del "Estado benefactor" —aunque esté fundido— y el paternalismo histórico del Uruguay, Aguirrezabala no quiso problemas. Los proteccionistas quedaron contentos".
El tema concreto sirve de excusa para detenernos sobre uno que nos parece de fondo, que seguramente haga a discusiones que deberán darse en el horizonte cercano y que muchas veces la consigna fácil evita. ¿Es lo mismo lo estatal que lo público? ¿Toda participación de los actores públicos equivale a intromisión estatal?
El debate sobre el papel del Estado ha quedado entrampado sobre dilemas excluyentes: lo que no es estatal es privado. Y seguramente es así, cuando de gestión se habla, aunque reconozcamos que hay formas combinadas de la misma. Parece que el Estado solo puede, en un extremo, o planificar la economía y los destinos sociales y producir bienes y servicios en exclusividad o, en otro, remitirse a sus fines esenciales inhibiéndose de toda otra injerencia en la dinámica económica. Esto es así cuando del Estado, que no es una entidad neutra en la medida que es dirigido por seres humanos, sólo se admite o que se meta en todo o que no lo haga en casi nada. Pero resulta que es posible que su misión sea otra y no pase exclusivamente por la producción de bienes o la de ser juez y gendarme.
Una economía de mercado requiere hoy políticas públicas activas, adoptadas en el marco de una sociedad democrática y por ende reflejo del sentir legítimo de ella. No es intervencionista y encuadra dentro de la propia autoridad que la sociedad confiere que los gobiernos adopten decisiones que aseguren la competencia, orienten la inversión pública y privada, protejan a los consumidores y adopten líneas que tiendan a redistribuir ingresos con objetivos sociales.
Se puede defender al mismo tiempo una economía abierta, de mercado, competitiva y entender que ello no es posible si al mismo tiempo no hay un Estado con una gestión eficiente que aplique políticas activas.
El mercado, ha quedado demostrado, no sólo es más eficiente en la asignación de recursos sino además menos corrupto que las economías hegemonizadas por el Estado, pero también está claro que carece de sensibilidades y no piensa por los que a él no acceden.
En Uruguay, tradicionalmente, los partidos políticos se identificaron a uno y otro lado de una línea que dividía los "estatistas" de aquellos que privilegiaban la iniciativa privada. Dentro de cada partido, a su vez, existían matices; incluso en un mismo sector ello sucedió, siendo el ejemplo más notorio el de Luis Batlle y su hijo, el actual presidente.
La línea se va borrando, y aquello que perteneció a otro tiempo se va superando por la realidad de economías más complejas y globales.
La discusión sobre el papel del Estado no se debería perpetuar sobre la propiedad y la gestión de las empresas públicas, sino en el diseño de políticas y en una participación activa que asegure justicia y equidad, que es lo más importante.
