Coordinadora de Trabajadores Inmigrantes Uruguayos
Madrid a 1 de Febrero de 2004
Intervención del representante de la CTIU ante el Presidente de la República Oriental de Uruguay Dr. Jorge Batlle.
Señor Presidente:
Agradecemos la posibilidad que se nos brinda de poder mostrar desde la óptica de la CTIU, los diversos problemas que afectan a los emigrantes uruguayos afincados en España. Problemas que debemos ser concientes atañen fundamentalmente a la imposibilidad práctica de obtener los Permisos de Residencia y Trabajo, que garantizan la posibilidad real de la integración en la sociedad española.
La afluencia constante de compatriotas, por la expulsión de los mismos del mercado de trabajo, por la cesantía o por las lamentables condiciones de vida, que deben soportar nuestros trabajadores, condiciones que se derivan de la aplicación de unas políticas económicas contrarias a sus intereses, nos indican que son problemas que tenderán a gravarse a una velocidad cada vez mayor.
¿Qué se encuentran estos compatriotas al llegar a España?. Se encuentran con la Ley de Extranjería.
Ley que imposibilita a través de sus artículos, aunque se tenga una oferta de trabajo, la posibilidad de obtener los permisos pertinentes que legalicen nuestra situación. Hecho este que obliga a nuestros conciudadanos a pasar a la categoría de ilegales para el gobierno español, o a la situación de irregulares frente a la administración como nosotros los definimos correctamente. La nueva reformulación, reciente en el tiempo, de la Ley de Extranjería, no atiende a solucionar estos problemas, sino a agravar la situación de estos irregulares. Se modifican junto con la LOEX, también dos Leyes Orgánicas españolas, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. ¿A qué apuntan también estas modificaciones unidas al endurecimiento de la propia LOEX?. Se desprende la tendencia a la asfixia de los irregulares. Estas modificaciones facultan a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, el acceso al Padrón, negado por la anterior normativa vigente, con la inquietud que esto ocasiona en nuestros compatriotas, si no nos empadronamos tendremos una situación práctica de imposibilidad de acceder a la asistencia sanitaria gratuita, a la educación y a otros servicios sociales, además de no poder demostrar el arraigo en alguna supuesta regularización. Se vulneran además derechos fundamentales, presunción de inocencia, inviolabilidad del domicilio. Esto unido a la mayor capacidad discrecional que se da a las autoridades gubernativas, crea una situación más que preocupante.
No debemos olvidar las sentencias favorables a los uruguayos litigantes frente al Estado español, incluidas las dos de Tribunales Superiores de Justicia, la propia del Supremo, la última de Alicante, que nos son favorables y como no puede ser de otra forma colocan al Tratado de 1870 por encima de la LOEX, en su rango normativo. No son de recibo las argumentaciones del Ministerio de Justicia español, en el sentido de la anulación de este Tratado por el de 1992 al no haber una clara incompatibilidad entre ambos, así mismo debe ponerse en práctica el voto de nuestros inmigrantes en las elecciones municipales tal cual se desprende del referido Tratado.
Hace unos meses escasos el Senado uruguayo en votación de todas sus bancadas, emite la opinión de esta Institución favorable a la vigencia del Tratado y a su defensa por nuestra Cancillería, en definitiva por nuestro Gobierno.
Nuestra reclamación al gobierno de la Nación y a sus más altas autoridades aquí presentes, pasa por la defensa irrestricta del Tratado de Reconocimiento Paz y Amistad del año 1870, en virtud de circunstancias históricas, jurídicas y culturales, que necesariamente implica la movilización de todos los recursos del Estado. En definitiva la defensa de nuestros trabajadores en el ámbito del Estado español, que no debe quedar en la mera declamación.
Para esto deberían buscarse los mecanismos que posibiliten estos hechos. Mecanismos que arbitraría el Ministerio de Exteriores. Pero no debería desaprovecharse la visita del Señor Presidente y demás autoridades, con la Corona Española, con la Presidencia del Gobierno español, con autoridades parlamentarias y autonómicas, sin olvidar la entrevista con la Sra. Ministra Ana Palacios. Entendemos que esta visita de Estado debe servir de forma consecuente con los intereses de nuestros compatriotas en España, desarrollar las líneas de su defensa en función de la vigencia del Tratado de 1870.
No queremos tampoco dejar de expresar, en coincidencia con todas las Asociaciones de la Inmigración Uruguaya, dos temas importantes:
· la necesidad de hacer efectivo el derecho de participar en los destinos de la Nación, ejerciendo nuestro derecho al voto en el extranjero, atendiendo a las definiciones del principio de nuestra intervención.
· la pronta resolución de los problemas que aún siguen aquejando al canje de la libreta de conducir, que causa graves problemas laborales a un amplio conjunto de compatriotas.
Por la CTIU
Juan González (AIU)
Rómulo Correa (AUC)
Domingo Iglesias (AIU C-L)
