|
PRETENDEN RECURRIR LA LEY DE EXTRANJERÍA
|
|
|
|
por Graciela Vera
Periodista independiente
|
|
Ésta ha sido una semana en la que diversos organismos han pensado en voz alta en la Ley de Extranjería, y lo han hecho en apoyo de los reclamos de miles de emigrantes.
Podríamos decir que las movilizaciones que se realizaron en los últimos días de enero y primeros de febrero en varias ciudades importantes, de Europa toda y España en particular, tuvieron respuesta.
O podríamos también alegar que en plena campaña electoral algunos sectores procuran encontrar votos en los simpatizantes de los sin papeles. Este supuesto puede ser rebatido ya que en el colectivo emigrante en sí, no son muchos los votos a llevarse no todos votan pero algo ha de haber porque el candidato por el PSOE apunta al voto hispano ofreciendo dar solución a un problema que, si lo recordamos, surgió apoyado por su partido.
Pero en esto de tomar al toro por los cuernos aparecen otros sectores.
Por un lado están los vascos. La Izquierda Unida (Ezker Batua) buscó el apoyo de los nacionalistas PNV y EA para que a través del Gobierno o el Parlamento vasco se recurran ante el Alto Tribunal los artículos anexados o modificados en la última reforma de la Ley Orgánica 14/2003 que entró en vigencia el 22 de diciembre pasado.
La Constitución española establece que solamente pueden recurrir leyes ante el Alto Tribunal el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y las asambleas de las autonomías.
Al obtener el apoyo de los nacionalistas, la IU se encuentra en condiciones de impugnar la Ley pero no es este único grupo el que se moviliza en este sentido. La Comisión Permanente de la CGAE (Consejo General de la Abogacía de España) en aplicación de un informe elaborado por la subcomisión de Extranjería solicitó al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra varios de los artículos reformados o anexados en la última reforma de la Ley de Extranjería.
El CGAE agrupa a todos los colegios profesionales de abogados de España y la Subcomisión presidida por el letrado Pascual Aguelo se hace eco de un informe de 78 páginas que examinó y debatió documentación remitida por los colegios de abogados, mayoritariamente los de Bilbao, Málaga, Zaragoza y Valencia, teniendo en cuenta la opinión de nueve expertos en Derecho Civil, Constitucional y Filosofía del Derecho Internacional Privado y Público que ejercen en distintas universidades del país.
El documento establece dudas de inconstitucionalidad que afectan a nueve preceptos que afectan a dos de los cuatros artículos que conforman las modificaciones de la Ley Orgánica en cinco materias diferentes.
Llegamos aquí a que Múgica deberá ser nuevamente el que lleve el peso de decidir si eleva o no el recurso ante el Constitucional. Los antecedentes en este caso no son halagüeños, ya con motivo de la reforma anterior (2001) su decisión muy a pesar de las muchas solicitudes para que presentara recurso fue negativa.
Según lo establecido a partir del informe de la Subcomisión de la CGAE podrían ser inconstitucionales las modificaciones en: cesión y acceso vía telemática de datos de carácter temporal –apartados 35 y 40 del art. 1º y apartados 3 y 5 del art. 3º-; garantías jurídicas en los procedimientos administrativos –apartado 39 del art. 1º-; devolución y expulsión de extranjeros –apartados 31 y 34 del art. 1º-; centros de internamiento de extranjeros –apartado 32 del art.1º-; presentación personal de solicitudes –apartado 38 del art. 1º-.
Lo anterior se resume en la irregularidad que significaría el acceso vía telemática de datos personales sin consentimiento del interesado; en la introducción de una regulación distinta de acceso y renovación de inscripciones patronales para extranjeros sin residencia permanente frente al resto de los ciudadanos. Se crea duda en cuanto a las competencias policiales para recabar datos no recogidos inicialmente para la vigilancia y el control.
La restricción de los lugares de presentación de las solicitudes y la obligación de comparecer personalmente el interesado para realizar las gestiones integran también una variedad de puntos entre los que figuran también la expulsión y la internación de ilegales, los que son considerados como vulneradores de derechos y garantías que deben existir tanto para nacionales como para extranjeros.
También en Andalucía hay aires de disconformidad.
La organización Andalucía Acoge solicita que entidades de todo tipo soliciten al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley que viola derechos fundamentales de los inmigrantes. Presentación ésta que tiene como fecha tope para interponerla el 21 de este mes.
A continuación copiamos textualmente parte del mensaje que Andalucía Acoge publica en su página web:
Si formas parte de una organización, asociación, colegio profesional, universidad, fundación o institución te pedimos que entres en la dirección que más abajo de proporcionamos y te sumes a nuestra campaña haciéndole llegar al Defensor tu oposición la ley recientemente reformada. Te animamos a que participes y a que divulgues entre entidades que conoces la importancia de presentar este escrito.
Muchas Gracias de antemano. Andalucía Acoge.
La dirección es la siguiente:
http://www.malaga.acoge.org/reformaley/
Almería (el sur del norte) febrero 2004
