La tecnología y el usuario
por Javier García
Uruguay - virtud de éste país - posée algunas Instituciones que son únicas en el mundo; una de ellas, poco conocida, es el Fondo Nacional de Recursos.
Creado en 1980, el Fondo Nacional de Recursos garantiza el acceso a una serie de técnicas médicas de alta especialización. Cirugía cardíaca, trasplantes, prótesis de cadera, hemodiálisis y litotricia son algunas de éstas y todos los ciudadanos, independientemente de su condición económica, tienen derecho a acceder a las mismas en caso de necesidad.
Para su financiamiento, quienes poseen cobertura mutual pagan una cuota que por venir en el mismo recibo muchas veces pasa inadvertida. A los beneficiarios de la salud pública, del hospital universitario u otras instituciones de esa naturaleza, el Estado les cubre el seguro, o mejor dicho debería hacerlo porque en situación tan irregular como duradera sólo se remite a pagar los actos efectivamente realizados, violando así el principio general del prepago que identifica al sistema. El Estado se defrauda a sí mismo.
La administración del Fondo es de naturaleza pública no estatal y está integrada por representantes de los ministerios de Salud y Economía así como el BPS, en tanto las instituciones de asistencia médica colectiva y los propios prestadores de los servicios, los llamados Imaes, completan el cuadro rector.
Como se ve la composición es de naturaleza bipartita aunque ambos, Estado y privados, venden los servicios que ellos mismos autorizan a pagar. No hay en definitiva contraposición de intereses ya que Imaes hay públicos y privados y ambos se financian por el FNR que éstos a su vez dirigen. La sociedad transfiere, aproximadamente, 150 millones de dólares a este destino. No es poco dinero y a la vista están las polémicas y enfrentamientos que se han generado últimamente entre quienes participan de este proceso.
Señalemos algunas cosas. El sistema se ha mostrado hábil para ofrecer cobertura de alta especialidad y costo. Es necesario acordar, entonces, su preservación y es bueno hacerlo ahora cuando todos los partidos políticos debieran opinar sobre la administración de un área tan sensible. Es imperioso, no obstante, asegurar la igualdad en el acceso, cosa que ahora sólo ocurre en teoría. Unicamente la cuarta parte de los actos financiados por el FNR son para pacientes del sector público. Cosa rara si las hay, ya que la mitad de los uruguayos se atiende en este sub-sector, por lo tanto o es que éstos son más sanos o los de mayor poder económico se enferman más. Esto es raro, muy raro, y algo pasa que hay que corregir. Que quede claro, todos tenemos derecho pero resulta que los más pobres son quienes menos acceden, ¿por qué?
Como los intereses económicos son muy grandes y están en manos de unos pocos, la buena administración impone prevenir desviaciones. Algo ya se ha empezado a hacer por las autoridades generando auditorías de los procedimientos. Hay que agregar, además, un código de ética de las prestaciones altamente especializadas donde establecer el principio que las mismas existen sólo en función de los derechos de la persona, que su indicación no admite otra intención que la de corregir situaciones que impiden la vida en comunidad y que el lucro de quienes las prestan es la contrapartida racional y equilibrada por el conocimiento de una destreza no común, impidiendo a su vez que las corporaciones, que existen, prevalezcan sobre el interés general.
En un mundo que duplica su conocimiento cada cinco años también sería bueno estudiar si todo lo que se dice alta tecnología desde hace treinta años lo sigue siendo hoy.
Hay que evitar, en definitiva, la conjunción de intereses y por ello habría que ir pensando en una Unidad Reguladora de la alta tecnología médica que se preocupe de custodiar el interés del usuario, que no suele tener muchos defensores.
