Año II - Nº 86 - Uruguay, 09 de julio del 2004
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Desafíos para una política uruguaya de telecomunicaciones
Andrés M. Cerisola

Dr Andrés Cerisola [6]
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Master en Derecho, Harvard Law School, Cambridge. Catedrático de Derecho. Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Universidad ORT del Uruguay. Ferrere Lamaison.

Seminario
Telecomunicaciones: Aportes hacia una política de Estado
Centro de Estudios Estratégicos 1815


Pese a sus múltiples deficiencias, la Ley de Presupuesto de 2001 establece una agenda para una política de telecomunicaciones basada en tres pilares inteligentemente seleccionados como lo son la promoción de la competencia, de la inversión eficiente, y de la defensa de los derechos de los consumidores. Elaborar esa política en sus consecuencias prácticas, resolver las inconsistencias regulatorias que aún existen, y profundizar en las oportunidades y desafíos que se abren es esencial para el desarrollo del país, la competitividad de sus empresas, y las oportunidades laborales de los uruguayos.
1. Las telecomunicaciones en un mundo de competencia y convergencia
Las telecomunicaciones cambiaron radicalmente sobre finales del siglo XX.
Desde la década de 1930 hasta la década de 1980 las telecomunicaciones fueron vistas sustancialmente como un monopolio natural y reguladas como tales. También es significativo que en este período la telecomunicaciones se mantuvieron aisladas de los mercados de medios, contenidos e información en general. El marco institucional no sólo permitía sino que imponía estas características de mercado no competitivo y aislado regulatoriamente en un compartimiento estanco.
En los países que siguieron el modelo americano -que fueron la minoría- ello se tradujo en un monopolio privado regulado. En los países que siguieron el modelo europeo -que incluyeron sustancialmente toda América Latina- ello se tradujo en monopolios estatales no regulados. Bajo el paradigma monopólico se produjeron cambios graduales que mejoraron la calidad de la infraestructura, llevaron a un descenso lento en las tarifas, y produjeron un comparativamente bajo nivel de innovación tanto tecnológica como comercial. El resultado económico de estas operaciones fue variado: mientras algunas empresas aprovecharon el monopolio para ser rentables otras estuvieron sujetas a un descontrol administrativo tal que no lo lograron la rentabilidad ni siquiera bajo los beneficios de un monopolio regulatorio.
Cambios tecnológicos e institucionales modificaron radicalmente el panorama en las últimas décadas. La invención de la microonda cambió la lógica del mercado de larga distancia y en 1963 se otorgó en Estados Unidos la primera licencia competitiva de larga distancia para servicios punto a punto -lo que en 1977 condujo al primer servicio conmutado de larga distancia y en 1982 a la división judicial forzada de AT&T que sentó las bases de un mercado americano verdaderamente competitivo de servicios de larga distancia. La Ley de Telecomunicaciones Británica de 1981, por su parte, dio un paso mucho mayor y abrió el camino para la competencia completa en todos los servicios de telecomunicaciones.
Las nuevas tecnologías (sobre todo las inalámbricas) implicaron cambio fundamental a las estructuras de costos de prestar estos servicios y, al generar una mayor proporción de costos variables, facilitaron el camino a la competencia. En forma simultanea los notables avances en la ingeniería regulatoria logrados en las últimas décadas (y estimulados dicho sea de paso por las oportunidades que prometían los cambios en la tecnología) abrieron oportunidades de competencia sin precedentes y dieron las señales para que la industria orientara su creatividad e innovación tecnológica a desarrollos orientados a una inédita realidad competitiva. En síntesis, se produjo un doble cambio (tecnológico e institucional) que se retroalimentó una y otra vez, en un proceso que en pocos años cambió de raíz el mercado de las telecomunicaciones.
Una adecuada revisión de la cronología de este proceso, sin embargo, muestra que recién en la década de 1990 se lograron establecer las bases regulatorias de una verdadera competencia completa. En contrapartida, la liberalización se extendió por el mundo a una velocidad vertiginosa (toda América del Norte, Europa, Oceanía y prácticamente toda América del Sur y parte significativa de Asia se liberalizaron en un proceso que duró unos pocos años).
Fue asimismo una transformación fuertemente influida por la presión de no quedar rezagados en materia de competitividad económica y generación de empleo. En este sentido es significativo que uno de los principales disparadores del proceso en una Europa continental muy apegada a los monopolios estatales fue el Libro Blanco de la Unión Europea sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo producido por un grupo de trabajo dirigido por el socialista Jacques Delors.
La liberalización asimismo abrió las puertas a la convergencia de las tecnologías de telecomunicaciones, medios, contenido, información e informática, un fenómeno no imaginado a priori pero que tuvo un impacto tanto o más importante que el que la competencia tendría sobre las tarifas y la innovación tecnológica en materia de telecomunicaciones propiamente dichas. La convergencia de las tecnologías para prestar servicios de voz, datos, y video también constituyó una avenida de doble vía y multiplicó las oportunidades de desarrollo de negocios -y consiguientemente de competencia- en todos esos mercados antes no comunicados entre sí, diluyendo el desafío que había planteado el cuello de botella del enlace local sobre la factibilidad de la competencia.
En este sentido, resulta claro que elaborar una política adecuada de telecomunicaciones que favorezca la competencia y elimine los obstáculos a la convergencia es para Uruguay, parafraseando al Informe de Delors, un desafío fundamental para el crecimiento, competitividad y empleo.

www.agendauruguay.org.uy/tele/Cerisola.doc - http://www.agendauruguay.org.uy/agenda/epsc/educ.htm