REGULARIZACIÓN, PERO NO PARA TODOS

por Graciela Vera Periodista independiente

El gobierno considera que con la nueva y masiva apertura de regularizaciones se logrará dar respuesta a un numeroso colectivo y hacer aflorar la importante economía sumergida que hay en España; sin embargo el proyecto no deja satisfechas a todas las partes y menos aún a otros sectores políticos.

La Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí anunció que sólo se normalizará la situación de los inmigrantes irregulares que demuestren tener 'una relación fehaciente' con el mercado laboral y lleven viviendo en España 'un tiempo importante'.

La medida, que formará parte del reglamento de la reforma de la Ley de Extranjería que ultima el gobierno, dará respuesta a un número muy importante de personas que actualmente viven en España, algunas desde hace muchos años en situación de ilegales, sin derechos y con el temor permanente de la expulsión.

No obstante ha quedado muy en claro que no habrá papeles para todos.

Solamente aquellos inmigrantes que puedan justificar una estancia prolongada (aún no se ha establecido cuántos años se requerirá probar) de permanencia en España y una vinculación laboral cierta durante un tiempo también prolongado, tendrán derecho a recibir los permisos de residencia y trabajo tan anhelados.

Lo primero se probará con los certificados de empadronamiento. En el segundo caso serán los empresarios quienes deberán actuar. Ésto ha llevado a que algunos sectores ya hayan dado la alerta de que podría implicar un aumento de la actividad mafiosa. No obstante y en prevención de este tipo de hechos, Rumí fue muy categórica al aconsejar que 'nadie pague ni un euro por contratos que no serán admitidos por la Administración'.

A pocas horas del anuncio de una tan esperada noticia, ya han surgido las voces de discrepancia; quizás porque no será en definitiva el gobierno el que decida el número de inmigrantes que será regularizado sino los empresarios y empleadores que deberán avalar los contratos de trabajo justificando el tiempo que tuvieron trabajadores indocumentados a su servicio.

Si bien desde la Administración se hace hincapié en que los empresarios serán quienes logren 'colaborar y acabar con la actual situación de economía sumergida' al legalizar y aportar a la Seguridad Social por estos trabajadores, y no obstante la promesa de que serán eximidos de multas y deudas por los trabajadores ilegales que declaren haber tenido a su servicio hasta la fecha; no todo el sector considera oportuno lo que han dado a llamar 'confesión pública de ilegalidades' y no todos confían en la prometida amnistía.

No hay dudas que más que nunca los inmigrantes ilegales necesitan de la buena voluntad de sus empleadores.

ORGANIZAR SÍ, PERO NO HABRÁ PAPELES PARA TODOS

Rumí aseguró que una vez puesto en vigencia el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, una Ley por demás modificada y que hasta el momento ha dado pocos resultados efectivos y sobre cuyas bases no habrán demasiadas modificaciones, el gobierno obrará con generosidad en la normalización de la situación de miles de inmigrantes que trabajan en España careciendo de permisos de trabajo y residencia.

Sin embargo también fue tajante al resaltar que la Administración 'no normalizará a personas que carezcan de un contrato de trabajo' y en este aspecto hizo notar que no servirá una oferta de trabajo; señalando que en el pasado ya se habían hecho regularizaciones en base a ofertas de trabajo y el sistema no había dado resultado positivo.

Muchos inmigrantes con años trabajando en situación irregular se encuentran atónitos ante la exigencia que se avecina porque bien saben que en la calesita de la sumisión laboral en la que están inmersos los indocumentados, no se obtiene trabajo sin documentos ni documentos sin contrato de trabajo.

ANUNCIAN MÁS SEVERIDAD

El esperado anuncio de regularizaciones que, aún deja muchas dudas, está acompañado de una clara advertencia: 'la normalización se intentará que se haga con la máxima generosidad; a partir de ese momento, las sanciones serán mucho más elevadas y la inspección se reforzará en todo el territorio'.

No tendrán oportunidades de legalizar su situación aquellos que han llegado en los últimos meses a España; Rumí lo previno, y al respecto dijo: 'no se resolverá'la situación de los que vinieron ayer o hace tres meses…' en un claro stop al posible efecto llamada del anuncio de las regularizaciones.

También fue categórica al señalar que no habrá lugar para especulaciones y señaló que 'no se podrán comprar contratos de trabajo' por lo que aconsejó a los afectados que 'no paguen ni un euro por contratos que no serán admitido por la Administración'; y señaló que el Ejecutivo pondrá de su parte 'todas las garantías para que este proceso de regularización se lleve a cabo sin especulaciones, sin compras de contratos y sin enriquecimiento de las mafias'; dijo que lo que se pretende es hacer emerger la economía sumergida, 'que tiene como primera víctima al inmigrante, que carece de contrato en regla, no está dado de alta, no cotiza, no paga impuestos y no colabora al enriquecimiento del país'.

En este sistema de regularizaciones el empresario o empleador resulta ser una pieza clave ya que a tenor de Rumí, cada una de las legalizaciones será posible 'siempre y cuando un empresario o un empleador quiera contratar a esa persona'.

¿Y QUË PASA CUANDO LOS PATRONES NO QUIEREN REGULARIZAR A SUS TRABAJADORES?

Título de una sección o pregunta sin respuesta.

Muchos inmigrantes denuncian que los empresarios no quieren regularizar su situación. Algunos, con más de cinco años en España, y por ello derechos adquiridos, siguen sin conseguir un contrato de trabajo. La mano de obra barata no es prerrogativa de los países del tercer mundo, más bien es de la utilización de la necesidad de unos y la insensibilidad de otros.

En octubre habrá una reunión entre sindicatos, patronales y gobierno pretendiendo encontrar una fórmula para que la proyectada regularización que se dará a conocer en toda su amplitud en el mes de septiembre, no se convierta en otro caos.

Por el momento se ha adelantado mucho: se tiene una promesa de legalizar la situación de aquellos que puedan probar su dependencia en el trabajo y residencia en España.

No obstante, la exigencia para probarlo también es cuestionada:

Son muchos los ilegales que no se han inscripto en los padrones municipales aún sabiendo que el no hacerlo les mantenía civilmente al margen de la sociedad, la escolarización y los servicios de salud, por temor a la expulsión.

Y así, mientras el gobierno señala que está tratando de dar solución a una situación 'caótica' heredada del anterior ejecutivo, el sector político en general y la oposición desde el Partido Popular en particular, no están muy convencidos del éxito de esta reforma que consideran 'utópica' y 'mal encarada'.

Para los inmigrantes que ven frustrados sus sueños de progreso por falta de papeles, lo que importa es que el acceso a la misma sea posible, fácil y limpio.

Almería, el sur del norte, 23 agosto 2004

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