Año II - Nº 80 - Uruguay, 28 de mayo del 2004
 
- Los derechos humanos y los hipócritas de siempre
- ANTEL discrimina las páginas uruguayas
- El ojo tuerto de Europa
- El Legado del maldito F.S.L.N.
- "BRUJULA", periodismo liceal
- Carta a un hijo ciego
- ENTREVISTA: Mientras haya un deudor que no pueda pagar, la crisis financiera sigue

- Somos todos pecadores

- La guerra la gano yo
- La politización del tema
- El árbol de papaya.
- Anécdotas Bancarias: El llamado fatal
- Onanismo político en Uruguay
- Así somos
- Hurgando en la web
- La llegada de pistola
- Chairando Ideas
- La portera negra
- Se nos viene la noche. Adios al veranillo
- Día del Desafío
- Información Ciudadana
- La Cocina Uruguaya
- Rincón de Sentimientos
- El Interior también existe
- Olvidémonos de las Pálidas
- Las Locuras de El Marinero
- Correo de Lectores

 

La revolución de 1904 cien años después
(Primera Parte)
Gesta política, epopeya del sentimiento
Prof. Lic. Margarita Saavedra

El Uruguay que ingresa en el siglo XX
En la ecuación histórica de nuestro país se han utilizado tres términos .pradera, frontera y puerto. que, correspondientes con espacios geográficos, significaron tres modos de vida económica y social. Pero, en los albores del pasado siglo, la pradera perdió definitivamente su peso político social propio frente a la creciente influencia de la ciudad-puerto. A su vez, la frontera, tanto en el flanco argentino como en el brasileño, fue aumentando su función de límite jurisdiccional del Estado, al mismo tiempo que fue perdiendo su condición de vínculo

y enlace del país con los ámbitos vecinos de la vasta pradera sudatlántica y platense.
Asimismo, cada paso en el que se ha llamado "camino del progreso" iba acercando el país cada vez más a la dependencia de los grandes centros imperiales.
La reducción de la pradera a la condición de mero espacio económico interior del mercado agroexportador de la ciudad-puerto, y su subordinación a las pautas políticas, económicas y culturales empujadas por la urbanización no ocurrieron súbitamente, y el "camino del progreso" no se imponía sin forcejeos, tensiones y un dramático costo social.

La perspectiva de los "poseedores"
Para la clase alta rural, que consideraba cerrado el proceso que le permitió apropiarse de la tierra, y seguidamente consolidar el dominio legal sobre ella, la guerra civil era sinónimo de calamidades: consumo de ganados, apropiación de caballos, destrucción de alambrados y penuria de brazos, y un obstáculo para los cambios que contribuían a valorizar sus haciendas.
Similar planteo era realizado por los vinculados al alto comercio, temerosos de las consecuencias de los gastos que podría acarrear la revolución al Estado.
Unos y otros querían orden, considerando un exceso intolerable que la disputa en torno a las libertades individuales, de sufragio, de prensa, y la honradez administrativa o la coparticipación pudieran desembocar en el enfrentamiento armado.
En este sentido, Carlos Real de Azúa concluye que hacia 1870 en Uruguay se constituía una sociedad con una clase dominante regularmente estable y asentada en la cumbre de una estratificación perceptible aunque móvil, admitiéndose la desigual distribución del poder po-
lítico, económico y social. Preferían políticos que dejaran "trabajar en paz" y que dirimieran sus querellas mediante el acuerdo o el sufragio, sin revoluciones.
Un estanciero colorado erigido en exponente de la posición conservadora expresaba: "Por mi parte yo, si a mí, colorado como soy, me dijesen: es preciso entregar el poder al Partido Nacional para evitar una nueva guerra civil, y es Ud. que puede hacer eso, diría: pues tome el Partido Nacional el poder una y diez veces y que no haya guerra". (1)

La visión de los desposeídos.
El Uruguay rural no ofrecía ninguna alternativa ocupacional a la masa desplazada por el cerco. El cercamiento, etapa natural en la evolución del capitalismo rural, trajo consigo la desocupación de buena parte de la mano de obra campesina. Ocurrido entre 1875 y 1890, tuvo una
consecuencia inesperada: creó una masa dispuesta al robo de ganado, primero, y a la guerra civil, después.
Federico E. Balparda describe así las consecuencias del cercamiento de los campos: "Cada estancia que se cerca representa 10, 15 o 20 individuos o familias que quedan en la miseria, sin otro horizonte que una vida incierta, degradada por el servilismo del que tiene que implorar la caridad para vivir y alentando en su corazón odios hacia esos cercos, causa de su terrible estado, que quisieran ver destruidos y que como única esperanza alientan la risueña perspectiva de una revolución que les permita la destrucción de todos ellos". (2)

El entramado político
La continuidad del Partido Colorado en el gobierno de la República posibilitó la formación y consolidación de un elenco político profesional altamente estable, "elite política dirigente que se renovaba muy poco". (3)
La continuidad en los cargos, o sea, la seguridad de la carrera, reforzada por la expectativa cierta de la jubilación o pensión que servía de apoyo en la vejez, permitieron gozar de autonomía a la elite política, tanto respecto a las mayorías pobres como a las minorías ricas.
Quienes servían al gobierno, vivían del gobierno.
La coparticipación y la política "de los acuerdos" permitieron que algunos blancos ingresaran en la ciudadela política colorada para compartir con ellos, como "oposición al gobierno" (4), la dirección del Estado.
Pero fueron muy pocos los políticos profesionales blancos, una reducida minoría en el conjunto del elenco político .abrumadoramente colorado. y también en sus propias filas.
Después de 1865, los hombres del Partido Nacional prácticamente quedaron excluidos de los cargos electivos y de los empleos públicos, civiles y militares, a los que sólo podían acceder los colorados.
El Partido Nacional tenía relación con todas las clases sociales y sus dirigentes. Marginado de la actividad política profesional, salvo pocas excepciones, debía ganarse la subsistencia en la actividad económica directa. En cambio, el Partido Colorado había logrado desprenderse tanto de las clases conservadoras como de las mayorías pobres, merced a que vivía del y para el gobierno: en él "residía el núcleo de los políticos profesionales". (5)

Electores y elegibles
El " coloradismo excluyente" primero, la "influencia directriz" después, conjuntamente con la exigüidad del cuerpo electoral, la falta de confianza en el voto, la gran cantidad de extranjeros y el manejo del presupuesto general de gastos, fueron pilares para posibilitar la continuidad monopartidaria en el poder, posibilitando la formación de un núcleo
de dirigentes políticos profesionales.

La carreta en donde fue transportado Saravia hasta territorio brasileño

La Constitución de 1830, "armazón teórica y arbitraria"
Afirmaba Zum Felde, en el Proceso Histórico del Uruguay, que "las revoluciones están ecretadas, implícitamente, en la Constitución" (p. 125).
Y agrega: "La Constitución de 1830 tiene una importancia imprescindible, sus equivocaciones políticas determinan muchos fenómenos de la historia de la República que hubiera sido en gran parte distinta de no haber mediado ese factor. No es solo un factor político sino también un factor social."
"(...) La Constitución de 1830 impuso al país una armazón legal teórica y arbitraria, como si éste fuera una asociación de hombres que recién comenzaba, sin antecedentes, sin costumbres, sin tendencias, sin nada existente." (Id., p. 118)
Bauzá, en sus Estudios Constitucionales, sostiene que la constitución teórica y abstracta de 1830 no está hecha para las masas rurales sino para una minoría de gente urbana.

Alberdi, por su parte, en sus Bases, decía de la primera Constitución nacional que era "difícil y embarazosa para adquirir ciudadanos y pródiga para enajenarlos".
Zum Felde llega a explicar los levantamientos armados de esta forma: "Las Revoluciones en el Uruguay son durante casi un siglo el único medio que los partidos de oposición tenían para conquistar el poder. El sufragio era una farsa legal, porque la Constitución entrega en manos del Poder Ejecutivo todas las facultades y los elementos para que pudiera imponer sus candidatos, no sólo por el atropello armado, sino por la coacción, por el fraude, por la venalidad".

Un ambiente favorable para la guerra
Los cambios producidos en el medio rural a fines del siglo XIX determinaron que la necesidad de mano de obra fuera mucho menor, que los sueldos de las peonadas se rebajaran y numeroso personal fuera despedido. A esa situación se agrega que ni la agricultura ni la industria se habían desarrollado para dar trabajo a los desplazados ni mayores salarios al personal ocupado.
En el medio rural, epicentro de los acontecimientos prerrevolucionarios, la mayoría de la gente
no tenía hogar y llevaba una vida nómada. La revolución fue vista como "una huelga armada de protesta de los desgraciados que explota la política en su provecho. Mejor que ganar ocho pesos por mes, era lanzarse a una aventura que durara unos meses y ganar más y comer mejor". (6)
Y, entonces, los grandes estancieros, que necesitaban la paz, tuvieron la guerra. Economía y sociedad, en permanente interrelación, produjeron un mundo desajustado.

La "política de pactos" y la representación de las minorías
Los pactos de 1872 y 1897 posibilitaron que los nacionalistas accedieran a Jefaturas Políticas departamentales, asegurando cierta representación en las Cámaras legislativas.
La fórmula de "coparticipación" significó un primer e importante paso para resolver el proble-
ma de la representación de las minorías. La coparticipación, de base geográfica, que prácticamente dividió en dos al país, estaba determinada por la imposibilidad de cualquiera de los partidos para derrotar definitivamente al adversario. Estaba además asegurada por la
capacidad insurreccional que conservara el partido opositor.
Sin embargo, ese principio de coparticipación en el poder no alcanzaba a satisfacer al Partido Nacional, que se consideraba la mitad del país y que cada vez soportaba menos las flagrantes impurezas del sufragio y las elecciones digitadas por el gobierno. Sus constantes reivindicaciones fueron: registros cívicos depurados, garantías para el sufragio, elecciones limpias, representación proporcional.
El Partido Nacional estaba seguro de alcanzar el gobierno pacíficamente si se cumplían esas condiciones. Pero, para imponérselas a un partido gobernante renuente a poner en peligro su dominio del Estado, optó por recurrir a las armas.

Material extraído del Almanaque 2004 del Banco de Seguros del Estado