"El Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo" (Frédéric Bastiat)
El Diario "La República" del día 27 de julio da cuenta de los conflictos que está provocando la aplicación de una norma de la Intendencia Municipal de Maldonado que obliga a los propietarios de locales comerciales vacíos de Punta del Este a mantener los frentes acondicionados, exhibir sus vidrieras iluminadas y exponer gratuitamente. obras de arte y artesanías de terceros. La noticia da cuenta de la rebeldía del dirigente empresarial Sr. Artigas Portela, quien amenaza con desconocer el decreto municipal y transferir a la Liga de Fomento del balneario las multas que la municipalidad le aplique como consecuencia.
La Liga de Fomento, impulsora de la medida, aduce que fuera de temporada los locales comerciales vacíos afean la ciudad y perjudican la actividad comercial de los que permanecen abiertos todo el año. Para solucionarlo han acudido a la autoridad municipal, la que –satisfaciendo los requerimientos de las "fuerzas vivas"- ha promulgado la norma que inmediatamente se ha convertido en centro de controversias.
La reacción del Sr. Portela está más que justificada. De buenas a primeras un decreto municipal le obliga a mantener en determinadas condiciones su local vacío, a gastar en energía eléctrica para mantener iluminada la vidriera y a exhibir –gratuitamente- la obra de otras personas sin percibir nada a cambio.
De buenas a primeras la Intendencia le obliga a los propietarios de locales vacíos a incurrir en gastos y a ser "solidarios con los comerciantes que abren todo el año y con los "pobres artistas" y al que se niegue: marche preso.
El decreto municipal es inmoral y estrafalario, pero es totalmente legal y –contrariamente a lo que dice el Sr. Portela- es totalmente democrático. Lo que sucede es que vivimos bajo la opresión de un régimen jurídico que permite a casi cualquier estamento del Estado a avasallar los derechos del individuo. Vivimos en un sistema en el cual el grupo más poderoso (por número, por capacidad de presión, por manejo de influencias) puede aprovechar el monopolio de la fuerza que otorgamos al Estado para así transferirle a otros grupos o al conjunto de la sociedad sus propios costos o la satisfacción de sus propias necesidades. La democracia, en este sistema, no es otra cosa que la dictadura de la mayoría.
A quienes es negocio operar sus emprendimientos comerciales todo el año les conviene tener un balneario que aparente actividad, ¡qué mejor que transferirle a los demás el costo del maquillaje! Sin el poder de policía del Estado eso no podría hacerse, pero la ley permite al Intendente satisfacer los reclamos sectoriales de la Liga y castigar a los que trabajar sus negocios todo el año no les resulte negocio.
Tiene toda razón el Sr. Portela al quejarse, y le asiste el derecho a resistir y a promover la resistencia a la norma que atropella su derecho.
Pero ¿qué deberíamos decir cuando el Estado implanta barreras artificiales al ingreso de operadores al mercado inmobiliario? Se trata en definitiva de lo mismo, del uso que los sectores hacen del Estado para satisfacer sus propias necesidades transfiriendo costos a los demás: en este caso a los turistas quienes se ven perjudicados con menos competencia y a los nuevos emprendedores que no llegan a cubrir los requerimientos que la autoridad estatal impone a la actividad inmobiliaria atendiendo los reclamos de los inmobiliarios ya instalados.
Hoy el Sr. Portela es víctima y estamos en un todo de acuerdo con su reclamo, no porque nos afecte en algo la medida en particular sino porque cuando el estado tiene el poder para relativizar y avasallar nuestros derechos básicos: la vida, la propiedad, y el ejercicio de cualquier actividad que no dañe los derechos básicos de terceros, todos terminamos como el Sr. Portela pagando con nuestro trabajo –o con nuestra desocupación- los costos que otros debieran asumir.
Soluciones Falsas, opciones verdaderas
Mucho me temo que el reclamo de la Camara Inmobiliaria termine en una baja impuestos municipales a los locales vacíos que cumplan con la norma, a modo de compensación por los gastos que incurrirán en ello. Sería repetir el robo, solo que la víctima sería ahora el conjunto de los contribuyentes fernandinos y no un pequeño grupo de ellos. Robarle a muchos es lo mismo que robarle a pocos y espero sinceramente que los sectores hoy afectados no lo propongan como solución si no quieren convertirse ellos tambien en cómplices del atraco.
Si el Intendente Antía tuviera dotes de estadista y fuera más que un mero árbitro de los intereses de diversos sectores en vez de aplicar soluciones mágicas que no consisten sino en hacer que otros paguen los costos, podría dedicar lo que le queda a su gestión a reducir dramáticamente los impuestos municipales, y a coordinar la lucha de la representación departamental en el Parlamento para conseguir que los próximos veranos la Dirección General Impositiva no asalte los locales los primeros días de la temporada en busca de adelantos a cuenta de impuestos al consumo no percibidos bajo amenaza de clausura.
Con menos impuestos y con costos laborales razonables, los empresarios turísticos podrían capitalizarse e invertir en convertir a Punta del Este en un destino turístico de mayor alcance que el de la temporada estival y en vez de cosmética estaríamos hablando de prosperidad.
Las verdaderas opciones, aquellas que no dependen de tirarle el costo a otros sectores de la población llevan tiempo y esfuerzo. Requieren perseverancia. Pero requieren sobre todo un marco jurídico que impida a los gobiernos expropiar la riqueza de los privados (mucha o poca, de ricos o de pobres) ni siquiera blandiendo el falso argumento del interés general.
Gustavo Hernández Baratta
Buenos Aires, Agosto 2 de 2004
