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por Graciela Vera
Periodista independiente
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Obra: ‘Emigrante’ del escultor Francisco Jurado. Expuesta en el Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Málaga.Realizada en el año 1975, a partir de soldaduras de chapa es una escultura de vanguardia cuyo tema es la emigración que sufrió la población andaluza durante los años 60 y 70.
Otro inmigrante uruguayo ganó un juicio al Estado Español basando su reclamación en el Tratado de 1870. Se trataría (los datos los obtenemos de una muy mala información vertida en la prensa de nuestro país) de Rosario Jesús Rodríguez quién reside en Galicia desde el año 2002.
Lamentablemente la información ofrecida en diarios y webs uruguayas y suponemos que también emisoras de radio y televisión, hablan de que se está ante el primer extranjero que gana un juicio al Estado español y nada más erróneo.
Error que perjudica a otros interesados porque saber la realidad permite establecer antecedentes y sumar sentencias favorables que ya están casi llegando a consolidarse en ley porque, ha de saberse que con tres sentencias favorables se crea jurisprudencia y… si en lugar de dar “sensacionalismos” hablando de primeros casos, se mencionaran los anteriores y se sumaran todos ¿No tendríamos ya la Ley en las manos?.
Corresponde a las autoridades uruguayas presionar porque quizás los uruguayos ya tengamos la puerta abierta en España. Nosotros a simple ejercicio de memoria estamos recordando con ésta, más de tres sentencias…
Gema Amor, consellera de Cooperación y Participación dijo coincidir con las apreciaciones del Cuerpo Consular Honorario acreditado en Valencia sobre el reglamento de la Ley de Extranjería propuesto por el Ejecutivo Central.
En general la opinión de Amor y de los representantes de los distintos países es que el mismo no es idóneo ni resulta la mejor forma de dar solución al problema.
Amor señaló que los cónsules apuntaron que “no se les había escuchado ni se les había pedido su opinión y al mismo tiempo consideraron que el problema es complicado, que hay que resolverlo y regularizar de la mejor manera posible la situación y que debería trabajarse más con le país de origen”.
El salario medio de los inmigrantes es un 35 por ciento inferior al de los españoles y el de aquellos en situación irregular aún menor, alrededor de un 30 por ciento menos que el del ya devaluado salario de los inmigrantes regulares.
La estimación parte de un informe de CCOO a partir de la encuesta de estructura salarial 2002 y que fija el salario medio español en 19.808 euros frente a los 14.730 que perciben los inmigrantes asiáticos y los 12.953 que obtienen de media los latinoamericanos en situación regular.
Rafael Simancas, secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) llamó irresponsable, demagógica e hipócrita a la posición de crítica de la Comunidad con respecto al proyecto de regularización propuesto por el Gobierno y dijo que “los problemas en este ámbito son producto de la política errática y negligente de los ocho años de gobierno del Partido Popular”, cuando “aquí entraba quien quería, con papeles o sin papeles”.
Señaló que la Ley de Extranjería aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar en su artículo 14.3 obliga a “la equiparación de derechos sociales de los nacionales con los inmigrantes, sean éstos regulares o no”, haciendo notar la existencia de “un punto de hipocresía que espero –dijo- nos ahorren en el futuro”.
Simancas recordó que en el año 2003 la oficina estadística Eurostat señalaba que España era el país que tenía mayor número de inmigrantes irregulares de toda la Unión Europea.
El secretario del PSM defendió el modelo de regularización diseñado por Rumí y consideró que la normalización de la situación de los inmigrantes que cuenten con un contrato de trabajo permitirá que éstos, que “ya disfrutan de los servicios públicos, puedan cotizar y pagar impuestos para que se sostenga el sistema”.
Un notorio aumento en la llegada de inmigrantes a través del Mediterráneo ya sea en pateras, neumáticos o cualquier medio de transporte, incluso tablas de surf, ha hecho que en lo que va del año sean más de 2.000 las detenciones practicadas por la Guardia Civil en el levante andaluz mientras que el año pasado sumaron 1.267.
La CGT (Central General de los Trabajadores) apoya la regularización de la Ley de Extranjería propuesta recientemente porque, especialmente “tiene la ventaja de mostrar a la sociedad ese millón de trabajadores y trabajadoras sin derechos que hasta ahora se escondían tras los números del Producto Interior Bruto”.
En un comunicado de la Central se señala que el drama de la inmigración “es el drama de las situaciones que desde hace años –desde la primera Ley de Extranjería creada por el PSOE-, padecen un millón de personas que pretenden salir de la miseria en la que viven en sus lugares de origen (Bulgaria, Marruecos, Ecuador, Colombia, etc.)…….”
Al mismo tiempo el comunicado denuncia, entre otros aspectos que la “anunciada regularización deja en manos de los empresarios la decisión final de que cientos de miles de personas sean oficialmente reconocidos como ciudadanos y ciudadanas de 2ª categoría” y pasa a realizar preguntas que por el momento no han sido tenidas en cuenta como: 1- “Qué pasará con las casi 300.000 mujeres inmigrantes del servicio doméstico, de quienes cuidan a personas mayores, enfermas, discapacitados, etc.”; 2- ¿Qué política se adoptará con las redes de tráfico de mujeres que trabajan en la prostitución” (casi todas inmigrantes irregulares); 3- “¿Qué pasará con los miles de trabajadoras y trabajadores temporeros del campo?”.
Tomando como premisa lo anterior el comunicado reitera el reclamo de la CGT de que los papeles deben ser para todo/as.
Marruecos también detiene inmigrantes irregulares. El Ministerio marroquí del Interior, en un comunicado hizo saber que en la región de El Aaiún en el Sáhara Occidental han sido detenidas desde enero de este año más de 3.700 personas originarias de países subsaharianos acusados de intentar una emigración clandestina hacia las Islas Canarias.
De esta forma el Gobierno marroquí, asegurando que “lleva a cabo una lucha constante contra el fenómeno de la emigración irregular”, se defiende de las críticas de pasividad vertidas desde España.
En el último día de agosto fueron interceptadas cuatro embarcaciones con inmigrantes que pretendían llegar a distintos puntos de la costa de Almería. La primera con 35 personas a bordo se detectó a las 17,45, la segunda con 56 inmigrantes fue localizada a las 21.30, la tercera a las 22.10, en ella viajaban 18 personas y la última patera fue avistada a 1.30 con 29 inmigrantes. Todos ellos están pendientes de repatriación a excepción de dos menores que llegaron en la última embarcación.
Aparte de las embarcaciones interceptadas la Guardia Civil encontró en la costa dos embarcaciones vacías por lo que se abocó a la búsqueda de quienes venían en ellas y que se perdieron en la zona de invernaderos.
Los emigrantes españoles que retornan a su país han ascendido casi un 25 por ciento desde el año 2.000 en el que regresaron unos 200.000.
Se estima que actualmente un millón de españoles de segunda y tercera generación está en países de América esperando sus papeles con lo que el incremento de retornados llegaría al 30 por ciento.
Hay unos tres millones y medio de españoles fuera de España y se reclama una legislación que elimine ‘la laguna legal’ que sobre la situación de los retornados existe y hace que pese a ser españoles, deban enfrentarse a muchos problemas para regularizar sus papeles.
Se espera que en los próximos días comparezca ante el Congreso de los Diputados el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, para explicar las bases de la reglamentación de la Ley de Extranjería. Entonces las dudas de todos quedarán, posiblemente disipadas; por ejemplo cuales son las “otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente” que según el artículo 31.3 de la Ley de Extranjería vigente y que no va a derogarse, y que junto con las especificaciones de arraigo y razones humanitarias, permiten a la administración conceder la autorización de residencia temporal a extranjeros irregulares.
Antes de dejar el Gobierno el Partido Popular había diseñado un borrador de reglamento en el que definía el ‘arraigo familiar’ y el ‘arraigo laboral’ para los que establecía un plazo mínimo de residencia en España de tres años como paso previo a la obtención de los papeles.
La presencia de Caldera en el Congreso está supeditada en fecha a que el Gobierno llegue a un acuerdo con sindicatos y empresarios sobre algunos detalles como el tiempo de estancia que deberán acreditar los extranjeros para solicitar papeles y los controles que se establecerán para evitar fraudes.
Para el día sábado convocan una manifestación bajo el lema “Ven a decir no a la Ley de extranjería, no a las fronteras ni a las mentiras – Ven a reclamar papeles y derechos para todos” contra el congreso de movimientos humanos e inmigración a realizarse en el Forum de Barcelona, al que acusan de ser nada más que una reunión de gobernantes, expertos y banqueros que debatirán como seguir beneficiándose de los inmigrantes”.
Organizan el llamado grupos de inmigrantes ilegales y diversas ONGs.
Argentinos que residen ilegalmente en España pedirán al presidente Kirchner que interceda personalmente solicitando al gobierno del Partido Socialista que detenga las expulsiones hasta que se regule la Ley de Extranjería.
El día 26 obligaron a un argentino a retornar después de haber sido un ‘sin papeles’ por tres años y medio y por ser ilegal despidieron de su trabajo a otro argentino en Canarias donde se ha creado temor entre la colectividad porque en los últimos 45 días se han activado las órdenes de expulsión habiendo aumentado la rigidez de los controles policiales, según declaraciones de Lois Pérez Leira, presidente de la agrupación Argentinos en el Exterior, de Madrid.
Como los expertos consideran que la libre circulación de personas en la Europa ampliada amenazaría el sistema social de los países occidentales, Suiza comenzó por adoptar medidas precautorias contra el éxodo masivo de desempleados del Este que se desplazan hacia los países económicamente más prósperos, aplicando reglas más estrictas en materia de integración.
El 16 de agosto los cadáveres de cuatro inmigrantes subsaharianos fueron devueltos por las aguas del Atlántico a las costas de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos. Pocos días después aparecieron en la zona otros 14 cadáveres. Como el gobierno marroquí niega que hayan ocurrido naufragio alguno, AFVIC, Asociación de Familiares Víctimas de la Inmigración Clandestina, la ONG marroquí más activa, investigó lo ocurrido llegando a la conclusión de que los cadáveres corresponden a 18 inmigrantes que viajaban en una patera con 34 personas a bordo y que naufragó una semana antes en un intento por alcanzar la costa de las Canarias. El resto de los cuerpos fue tragado por el océano y como esta no es la única tragedia en las últimas semanas AFVIC, ante la decisión española de regularizar a inmigrantes, solicitó al Gobierno español que extienda esa regularización a los subsaharianos ‘que viven en condiciones inhumanas en campamentos a las puertas de Ceuta y Melilla’.
Almería, el sur del norte, septiembre 2 de 2004
