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por Graciela Vera
Periodista independiente
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En menos de un mes entrará en vigencia la reglamentación para regularizar la situación de inmigrantes indocumentados. Para hacerlo, éstos deberán demostrar a partir de una denuncia que han estado trabajando de manera clandestina durante un año.
No podemos hablar de nacionalidades, hay miles de inmigrantes sin papeles en España, latinoamericanos, africanos y europeos (países que no integran la CE) y la mayoría se encuentra con la misma disyuntiva ¿la denuncia del empleador podrá realmente favorecerlos o se encontrarán conque les resulte tan difícil probar su actividad que terminen quedándose sin el bajo pero existente salario que tienen en la actualidad?
Hemos consultado a inmigrantes que sin excepción nos han dicho que no van a denunciar a sus patrones. Y no lo hacen porque temen que ello no les reporte realmente el beneficio esperado.
Son muchos también los que hacen cola frente a las oficinas de Extranjería para averiguar que deben hacer y cómo, para poder obtener los ansiados permisos de residencia y trabajo.
Para colmo de males no hay demasiado tiempo para pensar que hacer. La regularización por denuncias, no hay otra manera más explícita de llamarla, estará vigente por tan sólo un año. Después de ese plazo no habrá más que endurecimiento de la normativa vigente.
Pero hay más interrogantes que respuestas en esta propuesta gubernamental. ¿Se está utilizando la desesperación de los inmigrantes para realizar una fiscalización de las empresas que contratan obreros sin pagar tributos?
La Secretaria para la Emigración-Inmigración, Consuelo Rumí ha dicho que se dará papeles a los que denuncien a los empresarios que contratan ilegales. Ya no es la denuncia del propio patrón, lo expresado abarca una denuncia global de cualquiera contra cualquiera.
Y vuelve a surgir la pregunta que los inmigrantes se hacen a diario: palabra contra palabra ¿cuál tendrá más peso, la de los indocumentados o la de ciudadanos españoles?
O la que ya está en mente de los empresarios: ¿cualquiera puede denunciarnos, incluso aquél al que por no quebrantar las leyes le negamos trabajo?
Y mientras el gobierno reitera que quiere legalizar la situación del mayor número de inmigrantes, éstos se movilizan en todo el territorio español rechazando la anunciada reglamentación.
Saben que muchos empresarios los están explotando porque no tienen derecho a reclamar y utilizan su necesidad para contratar mano de obra barata. Pero es lo que tienen y es a lo que se aferran en este momento porque hay muchos miles que no podrán presentar el año de trabajo que se les pide como prueba de arraigo laboral. Son los temporeros que trabajan en el campo sólo en la época de cosechas; son los que cuidan enfermos y muchos trabajan unas pocas semanas o días, cuando estos están ingresados en un centro de salud; son los que ocasionalmente realizan algún trabajo conocido por su discontinuidad como changa.
Rumí viajará en los próximos días a Ecuador para tratar con su gobierno la situación de ésta, una de las colonias más importantes de inmigrantes (legales e ilegales) en España. Ya lo hizo con el gobierno marroquí y nos preguntamos ¿todos los países que tienen ciudadanos irregularmente en España tendrán el mismo trato? Porque que nosotros recordemos Uruguay está en condiciones de reclamar el cumplimiento de los Tratados firmados entre ambos países.
Mientras tanto, mientras las autoridades españolas terminan de redactar la reglamentación; mientras las autoridades uruguayas empeñadas en una campaña pre electoral no miran, como no lo hicieron nunca, de igual a igual al gobierno español y exigen el cumplimiento de lo que la propia Justicia de España y su Tribunal Supremo han ratificado, en los primeros nueve días hábiles posteriores al anuncio desde el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de que los inmigrantes indocumentados, podrían regularizarse si demostraban en una denuncia haber estado trabajando de manera clandestina durante un año, unos doscientos ‘sin papeles’ perdieron sus trabajos.
La prensa de la comunidad valenciana (Diario Digital de Valencia) fue de las primeras en dar la alerta: “Veinte inmigrantes irregulares son despedidos cada día tras la normativa anunciada por el Gobierno”.
Lo que sigue ha sido copiado textualmente del periódico mencionado. Expresa sin más comentarios la situación que se vive en toda España en el colectivo inmigrante. El lector sacará sus propias conclusiones:
Asociaciones de extranjeros piden calma a las empresas y recuerdan que la propuesta de dar ‘papeles’ por denunciar no está en vigor
El anuncio del Gobierno de regularizar a los ‘sin papeles’ que denuncien a quienes les han dado un empleo sigue perjudicando a los extranjeros. 11 ONG consultadas reciben cada día una media de 20 personas que piden ayuda tras haber sido despedidos. Asociaciones de inmigrantes piden calma hasta la aprobación del Reglamento.
Sólo han pasado nueve días hábiles desde que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales anunciara que los inmigrantes indocumentados podrían regularizarse si demostraban en una denuncia haber estado trabajando de manera clandestina durante un año.
En ese tiempo, alrededor de 200 sin papeles, con el objetivo de pedir ayuda tras haber sido despedidos, han acudido a alguna de las 11 asociaciones de inmigrantes y ONG valencianas consultadas ayer.
Únicamente dos de estas 11 entidades no han recibido la visita de ningún extranjero sin permiso de trabajo que haya sido despedido por el miedo del empleador a la denuncia. Se trata de dos de las ONG que atienden al mayor volumen de inmigrantes: Cáritas y la Fundación CITMI de CC. OO.
“Muchísimos más casos”
Por el contrario, todas las asociaciones de inmigrantes consultadas (de argelinos, colombianos, ecuatorianos, marroquíes y uruguayos) aseguran haber atendido a extranjeros que se han quedado sin trabajo a raíz de la comparecencia del ministro Caldera.
El temor suscitado por el anuncio ministerial entre los empresarios y familias con inmigrantes en el servicio doméstico está afectando especialmente a las inmigrantes latinoamericanas. Las asociaciones de colombianos Acolval y de ecuatorianos Rumiñahui son las que han recibido el mayor número de quejas y consultas: unas 30 y alrededor de 50, respectivamente.
Todas las entidades destacaron que hay “muchísimos casos” de despidos. “Las personas que nos consultan dicen que conocen más casos, pero esos no los cuantificamos. Además, habrá gente que no acuda a las asociaciones”, subrayaron desde asociaciones de magrebíes y de latinoamericanos.
La Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado (Avar) tiene confirmados los despidos de 26 extranjeros que han acudido a tres ONG diferentes.
La Mesa reacciona
El caso de Avar es similar a los 30 conocidos por los servicios de orientación jurídica de UGT. Ambas pertenecen a la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes (al igual que Cáritas y CC. OO.), que el miércoles se desmarcó de las críticas del Foro Alternativo de la Inmigración a las medidas anunciadas por el Gobierno socialista.
Ayer, sin embargo, la Mesa de Entidades sí que se pronunció sobre los problemas (despidos) que están padeciendo los inmigrantes irregulares. Según informó Europa Press, la agrupación de sindicatos y ONG calificó de “inapropiado” el método seguido por el Gobierno para dar a conocer sus propuestas.
El borrador del Reglamento, agregó la Mesa de Entidades, “aún contemplando una determinada voluntad de avance, nos parece insuficiente”. La agrupación de entidades sociales pidió, como solución, una nueva Ley de Extranjería.
Mientras, la Asociación de Marroquíes Al Amal pidió “calma” a los empleadores de inmigrantes irregulares, porque de momento sólo existe un anuncio del Gobierno que podría ser retirado.
Almería, el sur del norte, septiembre 2004
